La ausencia del Estado no es gratis, tiene costos. Y son más altos cuando se trata de mujeres. La brecha de ingresos, la informalidad laboral, las tareas de cuidado no remuneradas, entre otros obstáculos, marcan que la desigualdad y la injusticia social nos pone en una posición de mayor vulnerabilidad.
Situación que se profundiza (¡como si fuese posible pensar algún grado mayor de inequidad!) cuando se trata de mujeres de comunidades postergadas: 7 de cada 10 personas con los ingresos más bajos son mujeres. Son ellas las que están más expuestas y las que menos herramientas tienen al momento de enfrentar esta pandemia. Son ellas las que más dificultades tienen al momento de asistir al trabajo o a la escuela. Son ellas a las que más incertidumbre les genera el futuro. Y son ellas, también, las que sostienen a sus familias y las que más sufren las carencias estructurales y sanitarias del hogar y del barrio en el que viven.
Y si bien hay cada vez más acuerdo con que la pobreza no es solo cuestión de ingresos, sino que responde a una causa multidimensional, aún cuesta comprender lo estructural de la pobreza menstrual y las consecuencias de ésta en las trayectorias de las personas menstruantes. Falta todavía para que se tome real conciencia, que no hay manera de plantear un programa serio para combatir la desigualdad y la pobreza, si este no contempla una política robusta en materia de salud menstrual.
Por eso, mientras seguimos insistiendo en la necesidad de que la Provincia de Buenos Aires tenga una Ley que garantice el real acceso a productos de gestión menstrual generando información y datos confiables para los y las bonaerenses, y se refuerce la educación, nos propusimos un abordaje transversal a la vez de complementario a este debate, que empezamos a dar a fin del año pasado en la Legislatura.
[Lee la nota completa en La Nación: https://www.lanacion.com.ar/opinion/salud-menstrual-un-abordaje-inmediato-integral-y-colectivo-nid28052021/]
Johanna Panebianco – Diputada Provincial Juntos por el Cambio