En la última sesión del 2020, las diputadas y los diputados tanto del oficialismo como de la oposición nos comprometimos a que en muy poco tiempo la Provincia de Buenos Aires pueda tener, por primera vez, su Ley de Promoción de Salud Menstrual. Se trata de un paso fundamental para empezar a abordar de manera integral una problemática que recae sobre más de 5 millones de personas menstruantes que viven en la Provincia pero de la cual, más allá del impacto directo, se habla poco y se hace casi nada.
Tal vez por eso muchos me han escrito preguntando por qué era prioridad legislar sobre este tema o cómo íbamos a “perder tiempo” cuando están pasando cosas más graves.
El problema es que como sociedad aún nos cuesta dimensionar cómo la menstruación termina profundizando la pobreza y las brechas de desigualdad preexistentes entre géneros y grupos sociales. Y la desinformación y los tabúes contribuyen a su recrudecimiento, porque no ponerles nombre a las cosas es también reforzar la idea de que no debe ser nombrado y debe ser ocultado. Y como políticos no podemos permitir que la menstruación siga siendo algo por lo que avergonzarnos. Acaso ¿no es habitual leer o escuchar frases como “esos son temas de la vida privada” o “la menstruación da vergüenza”? Sin embargo, estamos hablando de un tema de salud pública y como tal debería ser abordado desde el Estado Provincial para garantizar condiciones mínimas de salubridad.
Pero, además, tenemos que tomar conciencia de que la pobreza menstrual existe y no podemos seguir escondiéndola. Todas aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de gestionar su ciclo de manera segura e higiénica, arriesgándose a contraer infecciones y enfermedades en su sistema reproductivo, sufren de esta pobreza.
Un claro ejemplo de esto es lo que hace algunas semanas resaltó la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, respecto de que muchas mujeres, debido a la pandemia y a la caída de los ingresos, están usando papel higiénico o trapos para gestionar su menstruación. Por otro lado, se sabe también que las alumnas tienen un porcentaje de ausentismo entre el 10 y 20% más alto por la falta de acceso a recursos materiales y simbólicos.
En definitiva, las personas menstruantes que no tienen acceso a productos de higiene menstrual tienen más dificultades para romper el círculo de la pobreza, al perder días de clase o días de trabajo de forma reiterada. Por eso decidimos plantear esta urgencia.
¿Cuántas veces hablamos de la necesidad de abordar la pobreza de manera multidimensional? Bueno, esta es una manera. Los datos son contundentes: el 58% de los hogares están compuestos por al menos una mujer entre 12 y 49 años. Y cada una de ellas gasta aproximadamente entre 2.000 y 3.800 pesos anuales para gestionar su menstruación, dependiendo de qué productos usen. A eso se debe sumar que una mujer gana entre un 23 y un 35% menos que el hombre y que, según datos del INDEC, en el cuarto trimestre de 2020, la tasa de desempleo de la población femenina de 14 a 29 años es 23,1%.
Y ahí es el Estado el que tiene que estar presente para cortar la inercia e interrumpir esas trayectorias desiguales. La Ley de Promoción de la Salud Menstrual va en ese sentido, garantizando el acceso a los productos, fortaleciendo la Ley de Educación Sexual Integral, generando datos sobre la pobreza menstrual, reduciendo el ausentismo y deserción en los ámbitos educativos y laborales, y promoviendo el uso de elementos sustentables.
Para ello es fundamental que empecemos por las escuelas, que es donde las adolescentes pasamos la mayor parte de nuestros primeros años de menstruación, cuando no conocemos tanto nuestro cuerpo y donde sufrimos los primeros apuros. No podemos dejar que el ausentismo se convierta en deserción por el simple hecho de ser mujeres y no contar con estos productos que no son de lujo sino de primera necesidad. También hay que contemplar los centros de salud, hospitales públicos, hogares del sistema de protección de la niñez y protección de víctimas de violencia de género, cárceles, comedores, refugios y paradores para personas en situación de calle como lugares de expendio de toallitas, tampones y sus distintas versiones. Porque si hay algo que debe quedar claro es que debemos empezar por las que más atrás están. Por aquellas que más obstáculos y dificultades tienen. Porque acá no se trata de banderas ni de pañuelos. Acá no hay discursos sectarios ni partidización del tema. Hay una realidad que se debe visibilizar y que el Estado debe acompañar.
En ese sentido, el compromiso e intercambio tanto con diputadas y diputados oficialistas como con el Poder Ejecutivo logrado a fines del año pasado, debe ser ahora el principio de un camino para abordar la pobreza multidimensional que incluye también la pobreza menstrual. Por eso, y para que el contexto y las condiciones en las que se nace no definan la trayectoria ni condenen a nadie, es que voy a seguir insistiendo. Necesitamos que este proyecto se convierta en una realidad. Creo profundamente que la Provincia debe tener cuanto antes esta Ley y que el diálogo es el camino para garantizar los derechos que esta conlleva.
Johanna Panebianco – Diputada Provincial Juntos por el Cambio
